Paradójicamente, quien realiza el control de las conductas que llevan a la materialización de una buena administración es el juez administrativo. El presente estudio tiene como objetivo determinar como la actuación de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Azogues dentro del proceso administrativo de medidas de protección vulneran el debido proceso. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y demás sobre sus datos escribiendo un correo a, Si quiere, puede contactarnos por Whatsapp. Noticia 05-05-2015. Y también es válida para cualquier tipo de impuesto: IVA, IRPF, Sociedades, etcétera. Recurso de casación. El deber de motivar los actos administrativos desde una perspectiva comparada. Tornos Mas, Joaquín. Sanciones de Hacienda por deducciones de IVA. Reclamar el no apto en el reconocimiento médico de la Guardia Civil, Por qué necesita abogado en un juicio por delito leve. . A pesar de un alcance limitado, para Rivero la expedición de dicha ley "puso fin a la prerrogativa abusiva [de la innecesaridad de la motivación] que agravaba el carácter autoritario del acto administrativo, en los casos donde se tornaba particularmente arbitrario"53. Así, el artículo 42 del CPACA -citado anteriormente-, al no hacer una distinción entre cuáles actos administrativos tienen el deber motivarse, se entiende que su naturaleza no es relevante para ello, puesto que es un deber legal genérico para las autoridades administrativas. El acto huérfano de motivación puede incurrir en un vicio de anulabilidad, pero también en una mera irregularidad no invalidante, ahora bien, el deslinde de ambos supuestos se ha de hacer indagando si realmente ha existido una ignorancia de los motivos que fundan la actuación administrativa y si, por tanto, se ha producido o no la indefensión del administrado. Derecho Administrativo. Este es el motivo por el que la mayoría de sanciones de Hacienda se acaban anulando. Sentencia: 255/2007 La construcción de la decisión administrativa, cuando se deriva del ejercicio de potestades discrecionales, comporta un ejercicio mucho más comprometido en el proceso de escogencia entre la pluralidad de posibles soluciones. Por último, la identificación de disposiciones normativas en el ordenamiento jurídico colombiano nos lleva a afirmar que es posible exigir una motivación suficiente a las autoridades administrativas. Los Órganos Administrativos Independientes especializados en la resolución de recursos administrativos", en Enrique M. Alonso Reguera (coord. Más concretamente en lo que se refiere a las liquidaciones, el artículo 102.2.c) de la misma ley general tributaria exige su motivación cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho. De acuerdo con el profesor García de Enterría, la motivación es un elemento independiente del acto y no un simple elemento formal y la define: "Motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge.Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término . En nuestro despacho sabemos que la clave de la nulidad de la mayoría de expedientes sancionadores de Hacienda es que los funcionarios de la AEAT no motivan la culpabilidad o la negligencia del ciudadano. El control de la actividad estatal. Por otro lado, en los actos discrecionales responden a una dirección normativa finalista, puesto que su planificación se realiza mediante "la determinación de fines o mandatos de optimización que la Administración debe ponderar en atención a las circunstancias dadas"43. En la plaza que salía a concurso, el Congreso de los Diputados en vía de recurso administrativo decidió, ante la falta de motivación de la valoración inicial, recabar informes ampliatorios sobre las razones que fundamentasen la calificación otorgada. Fecha: 19/01/2012 Sobre la motivación de la reforma. 9, n. 1, 2013. En efecto, cuando la Constitución o la Ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada, y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la . Núm. 3. Derecho administrativo laboral: Empleo público, sistema de carrera administrativa y derecho a la estabilidad laboral, Bogotá: Universidad Externado de Colombia , 2013. II.1.- Motivación del acto administrativo: concepto y nalidad. CONCLUSIÓN. Esto, a su vez, permitiría interiorizar una conducta más cuidadosa y diligente en la construcción de las decisiones normativas y, por ende, una mayor autorregulación de la Administración pública de sus propias actuaciones, evitando que en un futuro sus decisiones vayan a ser controladas judicialmente por la falta de claridad, certeza y seguridad existentes cuando las profirió. Uno de los motivos más recurridos para impugnar las adjudicaciones de contratos públicos es la falta de motivación por no cumplirse los requisitos establecidos. Los campos obligatorios están marcados con *. Sentencia: 25/2012 No obstante, para efectos de garantizar prácticas para una buena administración, los actos administrativos que ordenan el retiro -en nuestro juicio- no deberían estar exentos de motivación, ni aceptarse en su expedición una simple motivación sucinta o sumaria. 7 de la Ley Nac. Tecniche normative e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione: dalla Corte Costituzionale un nuovo impulso per preservare la certezza del diritto, Firenze: Università degli Studi di Firenze - Rivista di Diritto Pubblico italiano, comunitario e comparato, 2013. Como lo veremos a continuación, el deber de motivar de manera suficiente las decisiones tomadas en el ejercicio de potestades discrecionales tiene una serie de limitaciones al momento de su construcción, como, por ejemplo, los principios que abarcan el ordenamiento jurídico, límites internos de directivas de funcionamiento de las mismas autoridades administrativas, la experiencia y experticia de los mismos funcionarios que pretender expedir un acto administrativo y los precedentes jurisprudenciales expedidos anteriormente por los jueces, además de la ponderación existentes en cada caso en concreto. Núm. Núm. Con posterioridad, la Ley 1437 de 2011, que contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en su artículo tercero ratificó estos principios orientadores para el ejercicio de cualquier actuación administrativa. La buena administración, entonces, se identifica con el pleno derecho de la comunidad a estar informada, pues esta no es indiferente al conocimiento de las resoluciones que le puedan interesar36. Principios de derecho administrativo general I, 2.ª ed., Madrid: Iustel, 2009. Discrecionalidad, división de poderes y control extrajudicial, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2016. Rodríguez-Arana, Jaime. Barnes, Javier. ), Procedimiento administrativo, t. I, Aspectos generales en el procedimiento administrativo. Tampoco, en puridad, puede invocarse tal precepto constitucional a propósito de la actuación de los tribunales económico-administrativos pues tal vía constituye un verdadero procedimiento administrativo. However, the Colombian Public Administration not always justifies decisions made by means of its discretionary powers and, when it does, it does not provide enough reasons for a particular outcome. Lo anterior, resulta una muestra del ejercicio del poder decisorio al momento de la expedición de una orden de retiro, puesto que por más que dicha desvinculación se derive de la voluntad de la autoridad, no significa que sea una causal eximente para motivar exhaustivamente su decisión. Las puntuaciones otorgadas por los tribunales y órganos administrativos en procesos selectivos, han de ser motivadas de forma suficiente. La Administración pública, con independencia de la naturaleza de las facultades con las que actúa, debe observar los principios que orientan el ejercicio de su poder de decisión, de manera que se cumplan con las exigencias derivadas de la buena administración. Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y complementarias, Madrid: Tecnos , 1993. En otras palabras, el cumplimiento de lineamientos y conductas para la materialización de una buena administración49 es el resultado de tomar buenas y fundamentadas decisiones, no un indiferente jurídico como tradicionalmente se ha concebido. En el caso de nuestro cliente eso es lo que sucedió. La ambivalencia de esta figura, como derecho y como principio, se ha visto influenciada particularmente por el desarrollo doctrinal que ha tenido el derecho público europeo y anglosajón, permitiendo reconocer los alcances que tiene en el derecho nacional las experiencias jurídicas de otros países, como lo veremos a continuación. I.1. Abogado inscrito en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). This paper argues in favor of a strict and substantial mandate for the Public Administration to justify its discretionary decisions as a tool to avoid arbitrariness and bad administration standards. Las razones del derecho. Para García de Enterría y Fernández Rodríguez, la discrecionalidad "es esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente justas o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos"48. Potestad sancionadora y política migratoria colombiana. Tribunal: TSJ Andalucia Es sabido que la motivación de los actos administrativos no es un capricho jurídico, ni cuestión de cortesía, sino garantía para desterrar la sospecha de arbitrariedad y además permitir al afectado decidir con conocimiento de causa, si embarcarse en un proceso contencioso-administrativo. II, Buenos Aires: Abeledo Perrot -Pontificia Universidad Javeriana, 2009. Por otro lado, en los países de tradición anglosajona no se evidencia de forma tajante el deber de general de motivar las decisiones de la administración (duty to give reasons), salvo "la obligación impuesta a los denominados administrative tribunals de así hacerlo, o normas que específicamente así lo establezcan"56. Al estar incursos en el siglo de la buena administración -tal como menciona Cassese14-, ha permitido concebir la buena administración como un derecho15 en cabeza de los ciudadanos, mediante el cual los faculta para exigir determinado deber de comportamiento por las autoridades públicas16. En el acápite anterior hicimos mención del deber de la Administración pública de trazar parámetros de transparencia, publicidad, justificación en la toma de sus decisiones y demás actuaciones. Por tanto, la calidad argumentativa muestra del proceso de construcción normativa de las autoridades de la Administración pública tiene una conexión con las ideas de buena administración64. 19, n.° 1-99-120, junio de 2010. 13., n.° 13, enero-junio de 2013. no ostenta, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, una … Relaciones con otras ramas del derecho, La prohibición de arbitrariedad y el control de la discrecionalidad administrativa por el poder judicial, El procedimiento administrativo en el tiempo y en el espacio: una perspectiva histórica y comparada, Potestad sancionadora y política migratoria colombiana, Revista de Direitos Fundamentais e Democracia. Así se resuelven algunas sentencias como la de la Audiencia Nacional de 17 de enero, rec. Lo anterior se traduce en la inclusión de un esquema más garantista para los destinatarios de los actos administrativos proferidos por la Administración33, en el desarrollo de aquellos servicios públicos que presta o en las actuaciones que emprende en el ejercicio cotidiano de la función administrativa. Por tanto, la exigibilidad del deber de motivación, pero no cualquier exposición de motivos sino la muestra fehaciente de razones que fundamentan la decisión tomada -sobre todo en el ejercicio de facultades discrecionales-, debe derivarse del ejercicio jurídico de ponderación y estudio cuidadoso de los intereses en juego. Concepto y funciones. Cassese, Sabino y D'Alterio, Elisa. Le pouvoir discrétionnaire de l'administration et sa limitation par le contrôle juridictionnel. En concreto, el demandante de amparo aduce que no se tuvieron en cuenta las alegaciones que formuló en el procedimiento administrativo acerca de sus circunstancias personales y de arraigo, en particular, el tiempo de residencia en España del interesado, los vínculos con el país, la inexistencia de antecedentes en España, el hecho de que en el momento en que se dictó la resolución tenía dos hijos escolarizados en un colegio público y que tenía un negocio propio desde el 2008. El derecho como argumentación, Barcelona: Ariel, 2006. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo. La falta de motivación de los actos administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado en Ecuador . Sin detenernos en el debate de la naturaleza de la buena administración32, es necesario indicar cómo la consagración de este término en instrumentos jurídicos internacionales promovió un cambio de paradigma, puesto que además de concebírsele como un referente de conducta para los gobiernos, logró extender su alcance al de una potestad en cabeza de los ciudadanos que les permite exigir ciertos estándares en las actuaciones de los funcionarios públicos al momento de motivar sus decisiones. Dejar esta cookies activas nos permite mejorar nuestra web y atenderte mejor. La motivación es una garantía constitucional que forma parte del contenido del derecho a la defensa que no puede ser excluida, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, es un organismo encargado de precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, a través del dictamen de medidas de protección, su procedimiento administrativo se . En otros casos, la falta de alegaciones o de audiencia puede dar lugar a una indefensión real y efectiva; cosa diferente es la omisión de la información pública tanto si es potestativa como si es preceptiva como ocurre, por ejemplo, en la normativa de carreteras, determinadas obras públicas, urbanismo, etcétera. Landa Arroyo, César. Mientras que el anterior Código Administrativo solo la exigía para una de las clases de acto administrativo58, la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en su artículo 42 en cuanto al contenido de la decisión, señaló que todas las decisiones serán motivadas59-60, y al eliminar el carácter de sumario de dicha motivación, se evidencia una mayor exigencia en cuanto a su realización. torres sevilla limber anÍbal tutores: dra. Discrecionalidad, división de poderes y control extrajudicial, El control de la actividad estatal: discrecionalidad, división de poderes y control extrajudicial, Buen gobierno y derechos humanos: nuevas perspectivas en el derecho público para fortalecer la legitimidad democrática de la Administración pública en el Perú, Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y complementarias, Tecniche normative e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione: dalla Corte Costituzionale un nuovo impulso per preservare la certezza del diritto, Deber de buena administración y el derecho al procedimiento administrativo debido, Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Derecho administrativo laboral: Empleo público, sistema de carrera administrativa y derecho a la estabilidad laboral, Metodología del derecho administrativo: reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa, Principios de derecho administrativo general I, Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo del año 1997, El derecho fundamental a una buena administración, Good Administration as a Fundamental Right. en este trabajo 1 a la sentencia 2 como acto procesal específico emanado del órgano . Rincón Córdoba, Jorge Iván. Llano, Cristina H. del. 1, 11.ª ed., Madrid: Civitas , 2011. Ponce Solé, Juli. Sentencia de primera instancia Ponente: Condenada una empresa por despedir a una trabajadora que tenía que someterse a una intervención quir... La Justicia exime a un cliente de pagar más de 37.000 € a su abogado, Planes de igualdad e igualdad retributiva, en el foco de la Inspección de Trabajo en 2023, La empresa debe pagar el coste de las gafas graduadas a los empleados que trabajen con pantallas, Despedido por llamar a su compañera «puta niñata» y «veo, veo, mamoneo», Top 10 de sentencias más consultadas por los abogados de familia en 2022. la sentencia del tribunal supremo (sala de lo contencioso-administrativo, sección 5ª) de 31 de octubre 1995 dice a propósito de la motivación que "no presupone necesariamente un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos sus aspectos y perspectivas considerándose suficientemente motivados, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, … Ello coincide esencialmente en los avances y garantías propios de un Estado de derecho, pues las actuaciones de todas las autoridades públicas deben ir acompañadas de un incremento cuantitativo (en cuanto a la exigencia del deber de motivar las decisiones) y cualitativo (exposición suficiente de razones que fundamentan la motivación del acto administrativo en concreto)83. La Necesidad de Motivación del Acto Administrativo, se impone como cuestión que hace desaparecer cualquier atisbo de arbitrariedad, permitiendo que pueda contradecir el administrado, en su caso, las razones motivadoras del acto y apreciar si se ha actuado o no dentro de los límites impuestos a la actividad de los poderes públicos. Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Esrar Ekimi, Kullanımı ve Kaçakçılığı, The dispute settlement mechanism in International Agricultural Trade. Luego se explica, a partir de una breve aproximación de la construcción de la decisión administrativa, por qué razón en la presencia de actos administrativos expedidos en el ejercicio de potestades discrecionales el deber de motivar se exige con mayor rigor. ABSTRACT: Uno de nuestros clientes recibió varias liquidaciones provisionales por una comprobación limitada relacionada con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). El alcance dado en otras latitudes permitió que la figura de una buena administración en el contexto latinoamericano se hubiese empezado a desarrollar tímidamente, a pesar de existir algunas referencias al deber de los Estados a implementar prácticas para una buena administración. Picchi, Martha. Viernes: 9-14 h. Utilizamos cookies para ofrecerte la mejor experiencia en nuestra web. Tribunal: TSJ Andalucia Wheare, K. C. Maladministration and its remedies, London: Stevens & Sons - The Hamlyn Trust, 1973. Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. De la arbitrariedad de la administración. Así, el objetivo fundamental de la exposición de razones en la toma de decisión por una autoridad administrativa es la apreciación del acto con los fines propios del ordenamiento jurídico, y evitar así la desviación de poder62. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia. El principio de buon andamento12 de la Administración pública ha sido objeto de estudio desde distintas perspectivas por el derecho administrativo como subsistema, atribuyéndole el carácter de principio orientador del procedimiento administrativo que tiene por finalidad proteger las garantías jurídicas de cualquier persona ante las decisiones de la Administración. de Procedimientos Administrativos. Las cookies estrictamente necesarias tienen que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies y mostrarte los contenidos de nuestra web de la forma más comprensible. Bouvier, Jacques. ¿A qué supuestos puede dar lugar la indefensión administrativa? Ponente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.-. En algún momento, este tribunal mencionó de igual forma que cuando un agente se encontrara próximo a un ascenso, no podía ordenar su desvinculación; por tanto, en el caso de hacerlo sí tenía el deber de motivar los actos que ordenan el retiro80. Contacte con Pactio Legal. "Mejora del control administrativo de las Administraciones públicas en España. La exigencia de la motivación de los actos administrativos no ha sido uniforme en la experiencia jurídica de otros países51. Castro F., Alexandra, e Irit Milkes S. Potestad sancionadora y política migratoria colombiana, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018. Por lo que concluye estimando la demanda de amparo. Relaciones con otras ramas del derecho, Buenos Aires: La Ley, 2012. Se trata, de igual forma, de una fundamentación donde la autoridad que toma una decisión expone las razones por las que el órgano administrativo tomo cierta decisión, las cuales pueden consistir en fundamentos de derecho o en hecho38. es necesario verificar: (i) la existencia de un acto administrativo que esté motivado, pues de lo contrario, se estaría frente a una causal de anulación distinta, la de falta de motivación y (ii) la evidencia de divergencia entre la realidad fáctica o jurídica que induce a la expedición del acto y los motivos de hecho o de derecho que la Dado que la falta de motivación de los actos en cuestión involucra la violación al debido proceso, los preceptos de un Estado de Derecho, los principios democráticos y de publicidad del ejercicio de la función pública, tal vicio constituye una causal de nulidad de los actos administrativos que incurran en ese defecto. De la lucha contra las inmunidades del poder a la batalla por un buen gobierno y una buena administración mediante un dialogo fructífero", Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Nueva Época, n.° 11, enero-junio, 2014. Copyright © 2022 , powered by Economist & Jurist. However, the Colombian Public Administration not always justifies decisions made by means of its discretionary powers and, when it does, it does not provide enough reasons for a particular outcome. Good Administration as a Fundamental Right, Reykjavik: Icelandic Review of Politics and Administration, vol. La prohibición de arbitrariedad y el control de la discrecionalidad administrativa por el poder judicial. Santos Gomez, Jose 1. Tales instrumentos jurídicos permitieron la creación de una figura denominada ombudsman o médiateur como fuente esencial para la consolidación de un Código Europeo de Buena Conducta Administrativa (2001). En estos casos su omisión no irroga indefensión, sino la mera omisión de un trámite -esencial o no es ya otro problema- procedimental. 1, 5.ª ed., Madrid: Ariel Derecho, 1998. La regla general sobre el ejercicio de las actuaciones administrativas resulta ser el sometimiento de estas a la primacía y reserva de ley. El control de la actividad estatal: discrecionalidad, división de poderes y control extrajudicial. Así ocurre cuando se trate de actos que limiten o restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales”. Sorry, preview is currently unavailable. Garrido Falla, Fernando. Al tener en cuenta que las decisiones discrecionales no son objeto de un listado taxativo, analizaremos el alcance del rol del juez especialmente en escenarios donde la Administración -específicamente funcionarios de carrera administrativa especial75- expide discrecionalmente una orden de retiro76. Recurso: 1812/2009, Orden: Administrativo Se produce cuando la Administración no contesta a alguno de los actos administrativos que se le hayan . Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad. Y añade “en cualquier caso, si no fuera así, esto es, si la resolución administrativa impugnada no pudiera vulnerar el art. jÁcome ordÓÑez marÍa del carmen, mg dr. Recurso: 42/2007, Orden: Administrativo Rovira Y Del Canto, Maria Del Pilar También soy mediador de conflictos civiles y mercantiles. En esa evolución pendular, el Consejo de Estado señaló, en un primer momento, que los motivos de la decisión del acto administrativo que ordena el retiro de un agente no deben expresarse "en virtud de la presunción de legalidad que ostenta" este y por tal razón, es al demandante quien le compete demostrar la desviación del poder78. Tribunal: Audiencia Nacional "La buena administración", Estudios de Derecho Administrativo, n.° 1, 2010. Manual de derecho administrativo, vol. El no motivar los actos administrativos que ordenan el retiro se convirtió en la regla general de las autoridades mencionadas, lo que se traduce en una ausencia de motivación. Revista Digital de Derecho Administrativo. La falta de motivación alude a la ausencia absoluta del sustento racional que conduce al juzgador a tomar una decisión; esto es, cuando no exista justificación que fundamente la declaración de voluntad del juez en la resolución de un caso sometido a su competencia, lo cual debe ser evidente y surgir de su propio tenor o literalidad del . Otra opción es no alegar nada, pues hay que recordar que el artículo 24 de la Constitución permite que nadie declare contra sí mismo en un procedimiento sancionador. Asimismo, cuestiona la proporcionalidad de la sanción, alegando que no constan datos negativos que la justifiquen. Núm. Esta cuestión es aplicable a cualquier tipo de infracción tributaria por la que se pueda abrir un expediente sancionador, tanto para personas físicas como para empresas. Ese es precisamente el faux pas normativo del Oficio SII Ord. El TEAR anuló las sanciones porque los funcionarios de Hacienda no habían motivado la culpabilidad en la comisión de las supuestas infracciones. En el ámbito de los procedimientos administrativos, la infracción de normas procedimentales puede dar lugar: ¿Qué establece el Tribunal Constitucional? Tal consideración permite entonces que los principios que se derivan de la buena administración puedan exigirse en el curso de actuaciones de las autoridades públicas, específicamente al momento de exponer los motivos que la conducen a tomar una decisión. Las razones del derecho. La diferencia radicará, por lo tanto, en que omitiendo la posibilidad de alegar y ser oído, alguien puede resultar perjudicado en un procedimiento sin habérsele dado la oportunidad de defenderse, mientras que en el caso de la omisión de la información pública lo que se cuestionará será el ejercicio por parte de los destinatarios de un derecho de participación en determinados asuntos públicos, tal y como ocurre, por ejemplo, en el trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales. García de Enterría, Eduardo y Tomás R. Fernández Rodríguez, Curso de derecho administrativo, vol. Le pouvoir discrétionnaire de l'administration et sa limitation par le contrôle juridictionnel, Paris: Revue du Droit Public, 1992. Las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejercicio de la discrecionalidad, Valladolid: Lex Nova, 2001. • En ocasiones, la falta de razonamiento de una resolución, por el conjunto de la misma . La motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. Entre ellos, el deber de motivar con suficiencia los actos administrativos expedidos, más aún cuando son expedidos en ejercicio de funciones discrecionales. Atienza, Manuel. [Consultado el 12 de agosto de 2018]. Academia.edu no longer supports Internet Explorer. • Existen resoluciones judiciales que llevan forma de auto, que precisan de una muy importante motivación, como los que acuerdan medidas cautelares. Si bien la regulación de las actividades cotidianas del tráfico jurídico viene acompañada de seguridad jurídica y certeza en el grupo social, resulta ingenuo y poco eficiente que sea el legislador el encargado de prever todas las conductas que -a su juicio- considere pertinente regular41. Rodríguez-Arana, Jaime. la falta de motivación por parte de la administración conlleva la nulidad del acto carente de este requisito y la retroacción de las actuaciones al momento en el que se dictó, para que el órgano competente proceda a emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, no obstante, si ya nos encontramos en un proceso judicial podremos obtener en … La motivación del acto administrativo, Buenos Aires: Depalma, 1998. Este es utilizado precisamente para identificar un mal ejercicio en la función administrativa28, cuando hay signos de arbitrariedad en el proceso de toma de decisión de una potestad discrecional29. Núm. Tribunal: TSJ Andalucia Pedro Jorge Coviello, "La motivación del acto administrativo como medio de control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales", en Enrique M. Alonso, El control de la actividad estatal: discrecionalidad, división de poderes y control extrajudicial, Buenos Aires: Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias . Sin embargo, el documento relativo a las explicaciones sobre la Carta de Derechos Fundamentales manifestó que lo expuesto en dicho artículo catalogaba la buena administración como un principio general y no como un derecho24. Good Administration as a Fundamental Right. Los campos obligatorios están marcados con, Tribunal Económico Administrativo Regional. Ponente: Silencio administrativo. En ella el TS desestima el recurso . Durán Martínez, Augusto. "Il diritto a la buona amministrazione", European Review of public Law, vol. De esta forma el vicio de indefensión es instrumental y carece de virtualidad en sí mismo y sólo existe si ha supuesto una disminución efectiva, real y trascendente de garantía incidiendo así en la decisión de fondo. Por tanto, si existe una exigencia de motivación de los actos administrativos reglados, con mayor razón los actos administrativos discrecionales deben estar suficientemente motivados, lo cual prescinde de la motivación sucinta o sumaria que alguna vez hizo mención el anterior Código Contencioso Administrativo. En el despacho Pactio Legal hemos ganado diferentes expedientes sancionadores a Hacienda por la falta de motivación de la culpabilidad o la negligencia del ciudadano.. Uno de nuestros clientes recibió varias liquidaciones provisionales por una comprobación limitada relacionada con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). En resumen, habrá falta de motivación cuando hay ausencia de motivos o los que se expresan son insuficiente, incongruentes, o carentes de razonabilidad, ocasionando la ausencia de un elemento esencial del Acto Administrativo, pudiendo entonces el afectado, instar por su invalidación. cuando la constitución dispone motivar las resoluciones, empieza señalando que "las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas" en esta frase el constituyente no hizo diferenciación alguna entre "resoluciones" o "fallos" ni "actos administrativos" sino que se refirió al concepto propio que tiene el término "resolución"; esto es … Falta de motivación del acto administrativo, Orden: Administrativo Las . Delpiazzo, Carlos E. Derecho administrativo uruguayo, México: Universidad Nacional Autonomía de México, 2005. 18 de Junio de 2020 La Sección Cuarta del Consejo de Estado concluyó que la falta de motivación de los actos administrativos implica la violación del debido proceso, en la medida en que no le permite a los administrados controvertir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativas y judiciales. De Bellmont Y Mora, Jose Acto Administrativo de . Núm. Núm. La potestad sancionadora de las Administraciones públicas participa de los principios propios tanto del Derecho Penal como de las garantías del proceso penal, debido a que se trata de manifestaciones del poder punitivo del Estado, si bien tal comunidad de principios admite matices. This paper argues in favor of a strict and substantial mandate for the Public Administration to justify its discretionary decisions as a tool to avoid arbitrariness and bad administration standards. De conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, el deber de expresar con precisión el precepto jurídico aplicable . Deber de buena administración y el derecho al procedimiento administrativo debido. Los funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Hacienda, tienen cierta costumbre de sancionar a los ciudadanos por supuestas infracciones tributarias que, en realidad, no lo son. En consecuencia, toda decisión exige correlativamente la exposición de explicaciones y justificaciones robustas por quien las profiere, puesto que "el derecho debe estar sometido a la razón y no a la autoridad de quien emana el derecho"85. EL DEBER DE MOTIVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO EXTERIORIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES DISCRECIONALES. Sentencia: 290/2016 Así, al tener en cuenta particularmente esta exigencia, se evitará que las autoridades administrativas reduzcan la justificación de sus decisiones a un simple reenvío a las normas jurídicas que le atribuyen competencia para tal ejercicio, es decir, fundamentar sus decisiones solamente en el ejercicio legítimo de una competencia atribuida previamente por el legislador. Recuerde que. Disponible en línea: Disponible en línea: https://www.ombudsman.europa.eu/es/our-strategy/annual-reports. El procedimiento administrativo en el tiempo y en el espacio: una perspectiva histórica y comparada. Tatuajes en la Guardia Civil: estado de la cuestión desde 2022. La discrecionalidad administrativa, 2ª ed., Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. En relación con los procedimientos disciplinarios en materia funcionarial, la formulación del pliego de cargos no debe irrogar indefensión por caer en formulaciones de hechos de forma indeterminada, genérica o poco clara, luego el administrado debe saber inequívocamente de qué hecho se le acusa, aparte de no ser vaga, debe ser clara (artículo 35 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero). ¿En qué consiste el delito de deslealtad militar? con relación a la inmotivación como vicio de forma de los actos administrativos, se reitera que la misma consiste en la ausencia absoluta de motivación; más no aquella que contenga los elementos principales del asunto debatido, y su principal fundamentación legal, lo cual garantiza al interesado el conocimiento de las razones sobre las cuales se … Droit Administratif, 18.ª ed., Paris: Dalloz, 2000. Sin embargo, ya su presencia no se limita a un requisito de validez de la decisión administrativa, puesto que, al exigir una cualificación en su contenido -es decir, una motivación suficiente-, es el catalizador de garantías jurídicas y procesales de los ciudadanos: mayores garantías procesales para los ciudadanos que deseen conocer los fundamentos y razones de la adopción de una decisión de la Administración y que el juez, en el eventual escenario que realice un control, pueda identificar más criterios para decidir sobre la validez y eficacia del acto administrativo. Así, la indefensión con trascendencia jurídico-constitucional se produce solo cuando el interesado se ve, de forma injustificada, imposibilitado para impetrar la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos o cuando la vulneración de las normas procesales o procedimentales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado al quedar privado de su derecho a alegar, probar y, en su caso, para replicar las argumentaciones contrarias (STC 31/1984, de 7 de marzo, STC 48/1984, de 4 de abril, STC 70/1984, de 11 de junio, STC 48/1986, de 23 de abril, STC 155/1988, de 22 de julio, y STC 58/1989, de 16 de marzo, entre otras muchas), indefensión que no se produce si quien la denuncia se ha colocado por sí en tal situación. Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. Los funcionarios pretenden que, además de pagar las cantidades por la no deducibilidad de determinados gastos, el contribuyente también abone una sanción, que suele ser muy elevada. Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido expresamente el deber de motivación de hecho y de derecho en todas las resoluciones judiciales, en todas las instancias, tal disposición la encontramos en el inciso 5 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú [2], en el numeral 6 del artículo 50º y el numeral 4 del artículo 122º . Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales distintas y complementarias. "Good Administration and Administrative Procedures", Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. Si la resolución del expediente sancionador nos impone la sanción, todavía podemos presentar un recurso de reposición. Dentro del abanico de actos de gravamen, hay una serie de supuestos en los que su calificación como actos sancionadores puede resultar dudosa a los efectos de la invocación del artículo 24.1 de la Constitución, lo que exige deslindar entre actos claramente sancionadores de aquellos otros que, aun siendo de gravamen, no tienen tal consideración. "La fundamentación del acto administrativo", Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, n.° 522, mayo-julio de 1983. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Tradicionalmente, se ha concebido que las actividades discrecionales de la Administración pública se encuentran sustraídas del control judicial, en aplicación rigurosa y estricta del principio de separación de poderes69, puesto que los jueces no pueden evaluar la oportunidad de las decisiones de la Administración. De esta manera, el ejercicio de potestades discrecionales aparece directamente relacionado con la motivación de los actos administrativos, como un componente esencial en el actuar de cualquier autoridad pública, especialmente la Administración pública2. Ajeno a nuestro propósito, que consiste en explicar por qué razones los actos administrativos tienen una carga mayor en la motivación al momento de su expedición, es conveniente afirmar que existe una discusión alrededor de la igualdad entre las posibles alternativas de solución para la toma de decisión en el ejercicio de una potestad discrecional. 103.1 de la ce y 3.1 de … • La necesidad de la motivación abarca tanto al aspecto jurídico como a la determinación de los hechos que se estiman acreditados. Allí se obtuvo como resultado la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública31. RESUMEN: ¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias! De esta manera, resulta necesaria la implementación de una ponderación de intereses50, además de la sumatoria de otros criterios que permitan escoger cuál -dentro de las alternativas posibilidades de solución del caso- posibilidad atiende a la búsqueda de interés general de la manera más idónea y adecuada. La motivación de los actos administrativos ha ido evolucionando hasta el punto de que actualmente ya no se concibe como un mero elemento formal del acto, sino como una manifestación del derecho a la buena Administración. Por ello, en . Con fecha 10 de noviembre de 2011, el Ministerio de Defensa se apersona a través de su procurador público, deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada y contesta la demanda bajo los mismos argumentos de la Marina de Guerra del Perú. La indefensión es un concepto procesal referido a aquella actuación de los tribunales que produce una quiebra del derecho fundamental a la defensa cuando se actúa ante ellos. No todos los ciudadanos ni responsables de empresas tienen conocimientos jurídicos, por lo que contar con el trabajo de un abogado facilitará la anulación. 1.1 de la ce) y con el carácter vinculante que para las administraciones públicas tiene la ley, a cuyo imperio están sometidas en el ejercicio de sus potestades (arts. En Francia, la Ley 79-587, del 11 de julio de 1979, exigió la motivación de decisiones que solo afectaran a terceros, mientras que los actos de alcance general o los reglamentos no necesitaban de motivación52. Necesario interés casacional. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Además, la revisión del ejercicio de convencimiento que tuvo anteriormente la Administración para con el destinatario de la decisión, lo cual le permite a este último saber por qué se ha tomado tal decisión, y no fue un ejercicio arbitrario su construcción. Sin esta explicación de la culpabilidad, que en el lenguaje técnico-jurídico se conoce como falta de motivación, la sanción no se puede imponer. El déficit de una norma general procedimental en el Derecho Administrativo Europeo. Cassagne, Juan Carlos. REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO 38 II.- Aplicación de la exigencia de motivación del acto administrativo en la jurisprudencia. I.2. Lo anterior nos conducirá a determinar que el deber de motivar no es un simple requisito formal, sino, adicionalmente, su carácter de suficiencia es totalmente exigible para garantizar la tutela efectiva de los destinatarios de las decisiones de la Administración pública. Excepcionalmente, los jueces administrativos admitieron la inversión de la carga probatoria, por la protección del derecho fundamental al debido proceso y a la situación de imposibilidad en la que se encontraba el agente de dicha institución, para que fuese la Administración quien motivara la decisión por ella tomada, y así mantener en firme la presunción del acto administrativo79. En caso de que el TEAR no nos dé la razón, la última posibilidad es presentar un recurso contencioso-administrativo. Entonces, una vez se reconoce la buena administración como un principio vinculante para las autoridades administrativas, o como derecho para los destinatarios de los actos administrativos, será más fácil identificar la ocurrencia de conductas que no promuevan la transparencia, publicidad, motivación, confianza, seguridad jurídica y certeza entre otras características de la decisión administrativa30. Por tanto, el deber de motivación es la manifestación y justificación del comportamiento jurídico administrativo. Casetta, Elio. A su vez, cabe recordar que el artículo 53.1 LPACAP reconoce como derecho de los interesados en el procedimiento administrativo con carácter general el de formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Recurso: 411/2011, Orden: Administrativo Esto, a su vez, permite la evaluación de actos administrativos expedidos por funcionarios públicos con criterios de eficacia, eficiencia y calidad en el proceso de construcción de la decisión administrativa, y efectivamente de la decisión en sí misma20. Titular de Cátedra de Derecho Administrativo; Pontificia Universidad Católica Argentina. Marín Hernández, Hugo A. Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima como el número de visitantes del sitio o las páginas más populares. Cuando de un procedimiento administrativo se trata, la indefensión que la Administración pueda irrogar a un administrado no tiene relevancia constitucional excepción hecha del procedimiento sancionador. se resume en lo siguiente: 1) los actos dictados por la adton. Ramón Leal, Alberto. Recurso: 394/2011, Orden: Administrativo Evolución jurisprudencial. Luego, la Constitución Política de 1991 le dio un rango constitucional a los mismos, incluyéndolos como principios propios de la función administrativa. La denotación del adjetivo "bueno" de la administración pública comprende, entonces, que de igual forma pueda hablarse de una mala administración, distinción que tiene su origen en los sistemas jurídicos del Common Law (mal administration)27. El silencio administrativo es un mecanismo que protege a los ciudadanos frente a los incumplimientos de la Administración Pública en la resolución de sus procedimientos administrativos. Recurso: 1013/2002, Orden: Administrativo Gestión y Análisis de Políticas Públicas. » La importancia de la motivación radica en que, como el propio TEAC recoge en la resolución anterior, « es a través de la motivación como se debe llegar a la conclusión . Derecho administrativo, vol. El énfasis en los aspectos procedimentales tiene por objetivo realizar un acercamiento a los vehículos jurídicos a través de los cuales la Administración pública se vale para el ejercicio de toma de decisiones. La presente investigación busca mostrar que la motivación de los actos administrativos va más allá de un simple requisito formal, por lo que esta se impone como una herramienta para la materialización de las prácticas que eviten la arbitrariedad y una mala administración. En este orden de ideas, en primer lugar, se identificará las características esenciales de las prácticas que se enmarcan en una buena administración, dentro de las que se encuentran el deber de las autoridades de motivar sus decisiones, la publicidad de estas, su transparencia y las condiciones formales y materiales, que permitan su eventual contradicción (1). Núm. Fecha: 26/01/2012 Por tanto, puede anularse el acto por falta de motivación, provocando una indefensión en el actor. Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo del año 1997, Estrasburgo, 1997. This not only prevent individuals and private entities from challenging administrative decisions, but it also renders more difficult judicial review by the administrative-contentious judge. En este orden de ideas, el contenido de la motivación debe cumplir con criterios de suficiencia5, como un nuevo control de la función administrativa, y fungir como garantía esencial para proscribir la arbitrariedad6. la exigencia de motivación de las actuaciones y resoluciones administrativas está directamente relacionada con los principios de un estado de derecho (art. Keywords: Good Administration, Discretionary Powers, Administrative Procedure, Judicial Review, Decision-Making Process. De hecho, la eliminación legislativa de la motivación sumaria o sucinta, nos permite constatar que cada vez más resulta obligatorio para la Administración pública justificar y fundamentar el contenido de sus decisiones cuando desarrollan facultades discrecionales. La motivación del acto administrativo es la expresión concreta de la causa o motivo del mismo 1, es decir, También Uríos y Alamillo consideran que la omisión de motivación (en los términos expuestos) representa un vicio de invalidez de las decisiones administrativas automatizadas (ob.cit., p.94). Lo anterior permitiría que ante el margen de apreciación que da lugar el ejercicio de potestades discrecionales pueda analizarse el contexto específico sobre el objeto a decidir67.

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