La responsabilidad penal de las personas jurídicas - Huela … ©2019 Diario Jurídico - Todos los derechos reservados -. Naturalmente las sanciones penales a las personas jurídicas han de prescindir de la prisión, -pena de referencia en toda la historia del derecho penal-, previéndose la imposición, con el carácter de penas, de las actuales consecuencias accesorias del art. 1, donde se establece que será aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. [16] ¿Y qué implica grandes contrataciones? Claramente este tipo de normas en la legislación comparada no representan una novedad[5]. el artículo 33, apartado 7, inciso g) del vigente código penal español, establece las penas aplicables a las personas jurídicas que tienen toda la consideración de penas graves y una de ellas es precisamente la intervención judicial “para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que resulte necesario, que … • Las personas jurídicas sólo pueden ser responsables penalmente por los delitos para los que el Código Penal así lo establezca expresamente. [6] Ver al respecto informe sobre la implementación por parte de la Argentina de la Convención elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE publicado en, https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Argentina-Phase-3bis-Report-ENG.pdf. realización, favorecimiento o encubrimiento del delito, y c) Que se haya El argumento esbozado para rechazar la consideración de las consecuencias accesorias como sanciones que priven al sujeto individual del instrumento peligroso que representa las personas jurídicas, es que no podemos considerar a las personas jurídicas como un objeto porque tiene una personalidad propia y que las consecuencias accesorias no … Con la dictación de la ley 20.393, en el año 2009, se estableció la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Las sanciones frente a la violación de las normas jurídicas son de aplicación efectiva, en comparación con la promesa de aplicación del castigo en el más allá que establecen las … La ley 27.401, establece en su art. Articulando la responsabilidad de persona física y jurídica en un mismo proceso se consigue, lo que es de enorme importancia, que pueda existir un enfrentamiento de las estrategias procesales de la persona física y de la persona jurídica y que lleve a esta última a cooperar en el proceso penal. Paula Honisch y Sabrina Victorero en Pautas para la persecución penal de las personas jurídicas, op. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios. El artículo 16 establece que: Apartado 1: La responsabilidad penal es exigible a las personas naturales y a las personas jurídicas. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Que se haya cometido el delito, b) Que la persona jurídica haya servido para la Para ello, además, es fundamental que todo ese proceso de toma de decisiones quede debidamente documentado. Las claves del nuevo sistema pueden resumirse en las siguientes: 1.-La persona jurídica responderá penalmente en todo caso si los hechos han sido cometidos por sus representantes, administradores o personas con capacidad de obligarla.- 2.- Responderá también cuando los hechos hayan sido cometidos por las personas que se encuentren al servicio de los anteriores o bajo su autoridad, cuando no hubiese existido el debido control. Así, si en tales casos se realizan los tipos penales, es con frecuencia difícil, y a veces imposible, averiguar qué personas de la empresa son las responsables (ejemplo, caso del dietilene glycol), pues, la responsabilidad se distribuye en muchas personas y difícilmente se puede comprobar la responsabilidad de una persona, ya que las multas a las empresas solo representan un costo más de la empresa fácilmente asumible. Entre los elementos en discusión legislativa del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, está la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que a diferencia … Ello, además de la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica y, claro está, del decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito. La justificación de este nuevo modelo, generalizado en los países occidentales, viene dada, de una parte, por las dificultades del Derecho Penal o Procesal Penal tradicional para identificar y llevar a juicio a los responsables reales de los hechos delictivos que se cometen en el seno de las grandes compañías; y de otra, por el convencimiento de que, en estas corporaciones, los procesos de toma de decisiones tienen una cierta vida propia, que acaba por desconectarse de la voluntad individual de quienes participaron en su formación. Solo de este modo se consigue que la infracción cometida por la persona jurídica pueda ser investigada mediante los medios mucho más eficaces que se prevén en el … Al efecto, introdujo el artículo 31 bis, de acuerdo con el cual en los supuestos de hecho previstos en la ley penal, “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”. Como lo hemos indicado, el camino correcto para imponer sanciones penales a las personas jurídicas va por reconocer una culpabilidad de las mismas. El baremo para establecer esa falta de tolerancia lo conforma  precisamente un Programa de Integridad (PDI) o de Compliance, adecuado e idóneo para esa organización, implementado de manera  oportuna[11]. 1390 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Daniel Montes Delgado (*) No es raro ... Columna “Derecho & Empresa” JORNADAS ATIPICAS Y TRABAJO EN DIAS FERIADOS Daniel Montes Delgado (*) Las jornadas atípicas ac... Columna “Derecho & Empresa” ENTREGANDO BOLETAS DE PAGO CONFORME A LEY Mirella Bernal Suárez (*) Cada fin de mes, además de ... Columna “Derecho & Empresa” PERDIDA DE BIENES DE LA EMPRESA Y DESCUENTO AL TRABAJADOR Daniel Montes Delgado (*) No pocas ve... Columna “Derecho & Empresa” GARANTIA CON IGV: NECESARIAS PRECISIONES Daniel Montes Delgado (*) SUNAT ha emitido su Informe ... Columna “Derecho & Empresa” DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PUBLICIDAD CORPORATIVA Y DETRACCIONES DEL IGV Daniel Montes Delgado (*) ... Columna “Derecho & Empresa” ¿Los vigilantes tienen derecho al pago por horas extras? Legislaciones de países como Francia, Inglaterra, Canadá y EE UU consagran tal responsabilidad. Para que el juez imponga medidas accesorias a la Encuentran su fundamento en la denominada peligrosidad objetiva de la cosa, esto es, la peligrosidad en el sentido de probabilidad de comisión de hechos delictivos, la cual puede provenir no solo de las personas, sino también de cosas, situaciones objetivas o actividades determinadas con independencia de la persona determinada que las lleve a cabo. 5/2010, de 23 de junio, de modificación del Código Penal, hace una muy vaga alusión a las motivaciones … [9] Cf. Y se deja claro que la responsabilidad penal de las personas jurídicas podrá declararse con independencia de que exista un responsable penal persona natural. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. No sólo que no sirva para blindarla penalmente, sino que quede fuera de parte del mercado, porque empresas grandes o multinacionales consideren que con ese PDI no pueden cortar la cadena de su propia responsabilidad. En puridad, su llegada no es del todo una novedad; pues existen ya en el Código actual algunos elementos de esa responsabilidad: por ej, el art. Sanciones penales a personas jurídicas. Por otro lado, es importante mencionar el “Registro de Personas Jurídicas Sancionadas” mediante el cual el Poder Judicial anotará a los entes colectivos que hayan sido sancionadas … El proyecto del NCSP siguiendo en parte alguna doctrina que pretende justificar esa posibilidad, plantea para determinados delitos castigar no sólo a los responsables de los hechos delictivos acaecidos como emergencia de la actividad (empresas, etc), sino también a la persona jurídica misma. SANCIONES PENALES Las sanciones penales tienen una razón de ser, esto es, han sido creadas para cumplir ciertos fines, los mismos que muchas veces son dejados de lado a la hora de tipificar y La única forma que la empresa tendrá para poder liberarse de responsabilidad es acreditando que la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella y/o si demostrara que ese tipo de hechos no eran tolerados por los órganos de la empresa (toda vez que ésta contaba con sistemas de control y supervisión adecuados, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo por parte de los intervinientes en la comisión del delito)[10]. Ello podrá ocurrir aún cuando quien hubiere actuado en su beneficio o interés fuere un tercero que careciese de atribuciones para obrar en representación de ella[9], siempre que esa gestión hubiere sido ratificada aunque sea de manera tácita; y aún cuando no resultase posible identificar o juzgar a la persona humana que hubiere intervenido en hecho. En el Código Penal francés de 1992 se reconoce expresamente la capacidad penal de las personas jurídicas, pero en Alemania, España y Portugal imponen constitucionalmente el límite de culpabilidad para la responsabilidad penal, es decir, una responsabilidad directa al margen del derecho penal. Aunque escribimos desde nuestra experiencia en el Perú, los criterios pueden servir de igual forma para discutir estos temas en otros países. Honisch, Paula, La nueva ley de responsabilidad penal empresaria: impacto e indefiniciones, op. Recién a partir del año 2018 en Argentina estuvo vigente la ley 27.401, de responsabilidad penal empresaria[1]. 0000001381 00000 n Desde que a fines del año 2009 se aprobara la Ley N° 20.393, diversas sanciones de carácter penal pueden ser impuestas a las personas jurídicas, comenzando por la … Al efecto, introdujo el artículo 31 bis, de acuerdo con el cual en los supuestos de hecho previstos en la ley penal, “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos … Con el objetivo de prevenir los actos de corrupción y restablecer los daños generados por ella, en enero de 2022 … Las sanciones frente a la violación de las normas jurídicas son de aplicación efectiva, en comparación con la promesa de aplicación del castigo en el más allá que establecen las normas religiosas; o el remordimiento, castigo propio de las normas morales. Más necesaria se hace esa consagración normativa frente a aquellas conductas criminales en las que se utilizan entes corporativos para evadir las responsabilidades individuales o en aquellos casos en que se sancionan a los administradores, pero se dejan indemnes los entes fictos. [23] Ver Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas”. trailer Así  las cosas, los programas de integridad o de compliance es una herramienta win – win, que permite alinear intereses entre la compañía, sus integrantes y todos sus terceros. He leído y acepto la Política de privacidad. Si continúas usando nuestro sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello. o en cambio, comprenderá todo el dinero que recibió la empresa para llevar adelante el objeto de la contratación? En primer lugar, la necesidad de proporcionar a la persona jurídica criterios claros que permitan medir penalmente su grado de cumplimiento de ese debido control sobre los subordinados. Un aspecto a tener en cuenta es que, tras la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante la LO 5/2010, entre estas innumerables sanciones … Estas leyes incluyen normas que actúan como un mandato o una prohibición y … Si ello no se hiciera, no sería un enriquecimiento sin causa por parte de la administración?. You also have the option to opt-out of these cookies. Es decir que, ya no solo serán penalizadas las personas físicas relacionadas con el delito, sino también las empresas. La implementación de un Programa de Compliance además de blindar penalmente a la empresa también trae aparejada una serie de ventajas competitivas que impactaban tanto en la manera en que la empresa se relacionaba con terceros –ya que le permitía tener la posibilidad de ser contratista del Estado Nacional, de contratar con grandes empresas, de obtener financiamiento, de elegir mejor a sus proveedores, etc.- como puertas adentro –pues, es la herramienta para impulsar un cambio e instalar una cultura ética y transparente dentro de la organización, fortaleciendo la cultura de trabajo en equipo y reforzando los liderazgos constructivos; incrementa el compromiso de los trabajadores con los intereses de la empresa, generando una mayor atracción de recurso humano de calidad, una mayor competitividad y eficiencia[23]; facilita la asignación de roles claros y ayuda a tomar mejores decisiones; y lleva a fortalecer los controles internos y prevenir hechos de corrupción y otras conductas disvaliosas, permitiéndole conocer antes que nadie malas prácticas o hechos irregulares que involucren a la empresa-. El artículo 31 bis del Código Penal (redactado tras la reforma del 1 de julio de 2015), establece los delitos de los que responden penalmente las personas jurídicas, y a … actividad de la empresa (más allá de las figuras clásicas previstas en la ley. Personas jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente El legislador no ha establecido una definición de "persona jurídica" penalmente sancionable, por lo que remitiéndonos a la legislación civil y mercantil debemos concluir que se refiere a cualesquiera empresas, entidades o agrupaciones de personas que ostenten personalidad jurídica. 1. No obstante, un PDI claramente es una herramienta útil no sólo para la prevención de esos delitos, sino también para la prevención de los otros delitos tipificados respecto de los cuales las personas jurídicas también son pasibles de sanción[24] –aun cuando no operarían directamente como instrumento para la eximición de responsabilidad[25]-, y de otros delitos que pueden ser cometidos por quienes forman parte de una empresa y que, a pesar de no generarle a ésta responsabilidad penal, sí impactan negativamente en ella de diversas maneras[26]. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Entrevista con Pablo Poza, secretario general de la Corte Española de Arbitraje, Nuevo sistema de cotización de autónomos. De esa manera, se podrían aplicar sanciones que van desde la pérdida de su personería jurídica (con lo que dejaría de existir, como si se tratara de una suerte de pena de muerte), pasando por multas, pérdida total o temporal de beneficios estatales, decomiso, suspensión parcial de actividades; prohibición de realizar actividades, sanciones reparadoras, prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido o la implementación de mecanismos de prevención. Peor que las sanciones penales o medidas cautelares que se les pudieran imponer a las personas jurídicas, el daño que un procedimiento de esta naturaleza pueda … 0000005380 00000 n Las personas jurídicas sólo pueden ser responsables penalmente por los delitos para los que el Código Penal así lo establezca expresamente. Contenido financiero que hace noticia en Panamá y el mundo. el art. Esta norma sí establece responsabilidad para las personas jurídicas ante casos de: a) cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los … D. En el artículo 93° NCPP se detalla los derechos y garantías procesales que se reconocen a la persona jurídica dentro del proceso penal. [17] Aunque vale aclarar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) solo obliga a los estados miembros que establezcan la responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción, dejando librado al criterio de cada Estado la definición de qué tipo de sanciones se les impondrán (penales o administrativas). Análisis jurídico y doctrinario de la sanción penal a los delitos cometidos por la persona jurídica, de la ciudad capital de Guatemala ... Regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sanciones Penales - Sanciones Penales en España En España, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional –entre otras las nºs 20/2003, de 10-2; 136/2003 de 30-6; 170/2004, de 18-10 y 76/2007, de 16-4 - “…en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez [...] Recursos de Referencia con … e) Publicación total o parcial de Ja sentencia condenatoria a su costa. 8 de la ley 27.401. Por ello, la clave es tener claridad que un PDI es un programa vivo, que cualquiera sea su dimensión debe ser monitoreado y ajustado a las necesidad operativas de la empresa y de las personas que la conforman, considerando como pilar los riesgos a los que la organización se encuentra expuesta. I. Introducción a la problemática: la limitación de recursos en …, Autora: Karin Henriksson, Founding Partner and Senior Advisor de WhistleB. cit. Las Sanciones Penales. Cuando el mandato o la prohibición estipulada en la ley se incumplen, esta prevé una consecuencia en respuesta a ese delito. Esta puede ser la imposición de una pena o una medida de seguridad y reinserción social. Desde un punto de vista jurídico, una sanción es una medida que impone el estado, ... Tal es la importancia de considerar la especificidad de cada empresa que así surge claramente de los Lineamientos aprobados por la OA que antes mencionados. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Aunque en realidad, el éxito de todo el sistema precisará de una importante reforma procesal que dé cauce y seguridad jurídica a este nuevo escenario. Con muchas discusiones en el seno de la comisión elaboradora del Anteproyecto de Código Penal 2014, se proyectaron cuatro artículos sobre sanciones a las personas jurídicas, los … 1030/16 (que establece el valor de los módulos que son ponderados como unidad de medida para atribuir competencia a los funcionarios), será exigido en procedimientos licitatorios cuyo monto estimado sea mayor a $50 millones; b) en procedimientos donde se aplique la ley 13,064 de obra pública, donde la competencia para celebrar este tipo de contratos es del Poder Ejecutivo Nación, quien puede delegarla en funcionarios de distintos cargos y jurisdicciones, habrá que ir viendo cómo se implementa esta exigencia normativa (pues habrá que ver si sólo se exige para casos en los sólo firma un ministro o por el contrario en todos los casos, pues es la máxima autoridad del PEN quien delega el ejercicio de esas prerrogativas en sus funcionarios); c) en procedimiento donde se aplique la ley 17.520 de obra pública bajo el sistema de peaje, se aplicará en todos los casos ya que la aprobación es competencia indelegable del Presidente (la cuestión a definir es sí también quedarán abarcadas todas las demás concesiones y licencias para la explotación de un servicio público, lo que a mi entender sería razonable que ocurriera); d) en procedimientos bajo la ley 27.328 que contempla los contratos de Participación Público Privado, donde no se hacen distinciones entre los distintas órganos y entes del PEN que podrán suscribirlos, también habrá que ir monitoreando cómo será la exigencia (aunque cabe señalar en todos los contratos PPP hasta el momento publicados sí se estaría exigiendo como condición para contratar contar con un PDI, como los de vialidad, los de Obra Pública y Concesiones de Obra Pública). Contenido intermedio, donde además de prever la responsabilidad penal de la personalidad jurídica se adjuntarán los directivos, incluyendo ese artículo 31 bis más todos … Ahora bien, como se adelantó, la ley 27.401 no regula todos los casos en los que las personas jurídicas pueden ser responsabilizadas, lo que ha generado que convivan en Argentina distintos regímenes de atribución de la responsabilidad para las personas jurídicas según cuál sea el delito que se cometa[13]. La multa es la pena prevista con carácter general en todos los delitos en los que cabe sancionar a una persona jurídica, mientras que las demás contempladas en el art. 303 y 304 (ley 26.683), y de uso indebido de información privilegiada o manipulación de valores negociables en la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de esos instrumentos financieros previstos en los arts. Un acuerdo de colaboración básicamente significa que la persona jurídica podría convenir con el presentante del Ministerio Público Fiscal cooperar con la investigación -por ejemplo, comprometiéndose a revelar información, pruebas o datos precisos, útiles y comprobables que puedan coadyuvar al esclarecimiento de los hechos, a la identificación de sus autores o partícipes y/o al recupero del producto o las ganancias del delito- y asumir el compromiso de cumplir ciertas condiciones, algunas de las cuales serán siempre obligatorias[21] y otras, en cambio, serán acordadas por las partes, tales como; la realización de acciones necesarias para reparar el daño causado; la prestación de un determinado servicio comunitario; la aplicación de medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo; la implementación de un PDI en los términos de los artículos 22 y 23 de la presente ley o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente. 0000007846 00000 n No obstante, existe un evento de autorresponsabilidad cuando no es posible identificar a la persona física. Como de todos es conocido, la ley italiana del 2001, tuvo una gran incidencia en la elaboración chilena y española, y a su vez estas han tenido sin duda alguna influencia en la regulación que se ha aprobado en el Perú. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Destacamos a continuación algunas sentencias condenatorias que han sido dictadas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por orden cronológico, comenzando por … 22 y 23 Ley 27.401”[3] y la “Guía complementaria para la implementación de programas de integridad en PyMEs”[4]. Sus datos serán incorporados a un fichero automatizado con el objeto exclusivo de dar respuesta a su suscripción Dicho fichero es de titularidad exclusiva de LEXDIR GLOBAL S.L. Así, la circular de la fiscalía sostiene que las personas jurídicas son penalmente responsables porque lo son las personas físicas que actúan en su nombre y … e) Publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a su costa. (*) Abogada por la Universidad Nacional de Piura. Las penas que establecen no son las mismas que para una persona física. Sanciones: Visión General. 0 Lo que es del todo indubitado para el Tribunal Supremo es la necesidad de que estas resoluciones de condena penal a las personas jurídicas respondan a procesos en … Cel: 3115617580. Autor: Paula Honish, Directora Ejecutiva de Honisch & Asociados. Nunca antes los textos legislativos de otros países en esta materia han tenido tanta influencia en los legisladores nacionales. 55 0 obj <> endobj Actividades agropecuarias y licencia de funcionami... Empresas de servicios y contabilidad de costos, Evasión tributaria desde el propio Estado. 316 del código penal tipifica el delito contra la seguridad y salud en el trabajo, y atribuye responsabilidad penal a aquellos que “ con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de … 0000000756 00000 n Más allá de las críticas e incoherencias que pueden formularse en la selección de los mismos, todos ellos parecieran tener algo en común[14]. La norma tuvo el consenso esperado por los empresarios. La doctrina mayoritaria considera que estas reacciones jurídicas no son formalmente penas ni medidas de seguridad, ya que encuentran su fundamento y legitimación en un supuesto de hecho al que son ajenas, por completo, tanto la culpabilidad como la peligrosidad criminal de un sujeto determinado. Δdocument.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); Este sitio usa Akismet para reducir el spam. 0000003576 00000 n Las personas jurídicas también pueden ser sancionadas en el proceso penal. Para sancionar a una … [28] Es decir, podría incurrir en situaciones de trata de personas y/o reducción a la servidumbre y/o de trabajo infantil, de manera directa o indirecta, a través de alguno de los que integran su cadena de valor. Sin duda lo primero será dotarse de códigos internos de conducta –al estilo de los “compliance programs” del derecho americano y que muchas empresas españolas han incorporado en los últimos años— y establecer controles o auditorías para evaluar su nivel de cumplimiento. Ya desde hace varios años, el alto tribunal ha señalado que si bien la ley colombiana no establece el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal posibilidad queda librada a la libertad de configuración normativa del legislador, por lo que la discusión es actual, propiciada por la Corte, y necesaria en la coyuntura de la criminalidad de empresa de hoy. Preámbulo La sanción penal, hasta el momento apreciada a la luz general del Derecho Penal, como parte fundamental de la norma jurídico penal, es entendida como un “mal” indispensable para mantener la convivencia entre los individuos. Apartado 2: La responsabilidad penal es exigible a la persona natural a partir de los 16 años de edad cumplidos en el momento de cometer el acto punible. 0000003465 00000 n En otras palabras y a modo de síntesis, sin perjuicio de que un PDI será fundamental en el marco de un proceso penal para la defensa de la compañía y que le generará a ésta un valor agregado en el mercado y dentro de su cadena de valor, todo lo trasciende con creces el ámbito penal, lo cierto es que un PDI también será fundamental para la defensa de las personas físicas de la empresa que puedan estar sometidas a procesos. Entre los elementos en discusión legislativa del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, está la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que a diferencia de las físicas como usted o yo, son una ficción legal pues no tienen existencia física, por lo que actúan a través de sus representantes legales. Propiedad privada y derecho a la defensa propia, Debido proceso y fiscalización tributaria, Papeletas de tránsito y debido procedimiento, Lavado de activos vs intimidad y libertad de trabajo, Registro de trabajadores de construcción civil. 22 y 23 de la ley 27.401. En el aspecto de las penas, se sigue el criterio más generalizado conforme al cual la principal es de multa, que puede imponerse por cuotas (para evitar crisis) y de manera proporcional a la participación en el reato y penas accesorias, como la disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos abiertos al público, inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas gubernamentales, inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales, entre otras. El artículo 49 del código Orgánico Integral Penal, vigente a partir del 10 de agosto de 2014, señala que las personas jurídicas serán penalmente responsables por la acción u omisión de: Quienes ejercen su propiedad y control Sus órganos de gobierno o administración Apoderados, mandatarios, representantes legales o convencionales. El centro de esta norma gravita en procurar modificar la manera en que estas relaciones se dan, involucrando a partir de ahora al privado fuertemente en la prevención y delación de estos delitos, dándole incentivos para promover su auto-responsabilidad empresaria orientada a la prevención de la corrupción y para fomentar su colaboración en la detección, denuncia y persecución de estos delitos[15]; a la par que se condicionó su posibilidad de participar en grandes contrataciones con el Estado Nacional a que éstas cuenten con programas de integridad[16]. Como indicamos, la ley 27.401, que es la primera y única que se refiere expresamente a los PDI, estableciendo que éstos podrán llevar a la eximición y/o reducción de responsabilidad, sólo hace referencia a una serie de delitos de corrupción. Se trata de la lectura del texto peruano a partir de la experiencia existente en España. Más recientemente, con la Ley Orgánica 5 del 2010, España terminó con la teoría de hondo raigambre romanista según la cual las personas jurídicas no responden en el ámbito del Derecho Penal, por lo que se utilizaba la fórmula del actuar en lugar de otro. Por regla general, las normas jurídicas enlazan determinadas consecuencias al incumplimiento de los deberes que el derecho objetivo impone. Oficina principal y notificaciones: En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, … La ley contempla la exención de la responsabilidad penal sólo para aquellos casos en que las personas jurídicas lleven implementado un programa de compliance con apego a los estándares fijados en la norma, siempre que éste haya sido instaurado con anterioridad a la ejecución del delito. 55 23 Entre las derivadas de la inobservancia de un precepto jurídico cualquiera, una de las más características es la sanción. A todo esto nos referíamos en el punto anterior cuando hablamos de “oportunidad”. 0000001768 00000 n :d�jEl�n�빛ӌ�R�_�Ir%/�:[v=~.�e��~ �MY4�h����٦�c~I���~��i5� �2 (�z.�@�I����e���h �����`1vŤ�l\��R���ťE%�q2J1 a. Una multa por cuotas o proporcional. Desde que a fines del año 2009 se aprobara la Ley N° 20.393, diversas sanciones de carácter penal pueden ser impuestas a las personas jurídicas, comenzando por la … siguientes medidas, contempladas en el art. privilegiamos la responsabilidad de las personas naturales, por lo que sólo se Ahora bien, si se errara en este análisis tomando decisiones a la baja, es posible que el PDI que se diseñe no sea lo suficientemente robusto y la empresa se quede a mitad de camino. You have entered an incorrect email address! Surge del art. Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: A. La LO 5/2010, de 22 de junio, introdujo en el CP la … Solo de este modo se consigue que la infracción cometida por la persona jurídica pueda ser investigada mediante los medios mucho más eficaces que se prevén en el proceso penal. Certificación Internacional en Ética y  Compliance por IFCA. [1] Publicada en el Boletín Oficial del 01-dic-2017, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/295000-299999/296846/norma.htm. Por lo que no hay un modelo de PDI que necesariamente deba ser aplicado por todas, sino que, muy por el contrario, cada empresa tiene la posibilidad de establecer y explicar los motivos por los cuales diseña e implementa un producto o componente específico en un determinado momento. En definitiva, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una exigencia de las actuales necesidades de la política criminal. Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los delitos dolosos o culposos y, en su caso, de la … Publicación de la sentencia; IV. Periodismo social y cultural con perspectiva moderna. endstream endobj 56 0 obj <>>> endobj 57 0 obj <>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]/XObject<>>>/Rotate 0/TrimBox[0.0 0.0 453.543 666.142]/Type/Page>> endobj 58 0 obj <> endobj 59 0 obj <> endobj 60 0 obj [/ICCBased 70 0 R] endobj 61 0 obj <> endobj 62 0 obj <> endobj 63 0 obj <> endobj 64 0 obj <> endobj 65 0 obj <>stream Señaló, igualmente, una segunda vía de imputación en el sentido de que frente a los mismos delitos expresamente indicados, “las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”. La doctrina penal que se ocupa de ello no sigue, sin embargo, una misma línea de argumentación, sino que discurre entre dos modelos de interpretación. 2. 2. La complicada relación entre las libertades económicas y las regulaciones estatales, que va desde la promoción de algunas actividades hasta la obstaculización de muchas otras, pasando por los problemas de seguridad jurídica, criterios de interpretación y defectos en la aplicación de las normas, es la materia de este blog. 0000031995 00000 n cit. Es de conocimiento público, que recientemente entró en vigencia en Panamá, un nuevo Código Penal (Ley 14 de 2007), que introdujo en el ordenamiento jurídico nacional nuevas figuras delictivas, destacándose los delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores, la retención indebida de cuotas de la Caja de Seguro Social, los delitos financieros, el blanqueo de capitales, contra la seguridad económica, contra el derecho de autor y derechos conexos, contra los derechos de propiedad industrial, la quiebra e insolvencia, la competencia desleal, los delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, la revelación de secretos empresariales y los delitos contra la seguridad informática; sin embargo, muchos ignoran que el nuevo texto penal reconoce un tipo de responsabilidad hacia las personas jurídicas, llámese sociedades anónimas, sociedades colectivas, en comandita, de responsabilidad limitada, fundaciones, asociaciones o cooperativas, –exceptuando partidos políticos, sindicatos y asociaciones deportivas–, tal como se viene dando en otros países, donde el mismo se presenta como una de las cuestiones más controvertidas en el moderno derecho penal. 0000003352 00000 n En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, … Utilizamos cookies e identificadores propios y de terceros con tu consentimiento y/o nuestro interés legítimo, con el propósito de almacenar o acceder a información en tu dispositivo, recabar datos personales sobre la audiencia para desarrollar y mejorar productos así como mostrar y medir anuncios propios y/o de terceros y/o contenido personalizados basándonos en tu navegación (por ejemplo páginas visitadas). 5. �>�t�Sd��\�;g�d$w���7L���!���q Como vemos, a una persona jurídica no se le puede No son desconocidos los casos de utilización de personas jurídicas que expósitas de códigos de buena conducta o de buen gobierno corporativo incurren en actos de corrupción privada, manipulación de transacciones internacionales, estafas masivas, delitos ambientales, delitos contra el sistema financiero y el mercado de valores, contrabando, promoción de la prostitución infantil y la pornografía con menores, lavado de activos, ataques a sistemas informáticos, financiación del terrorismo, tráfico de inmigrantes, tráfico de insumos químicos, tráfico de órganos humanos, tráfico de material nuclear y atentados contra la propiedad industrial, entre otros. La definición de qué se entenderá por beneficio y cómo se determinará no es en absoluto una cuestión menor, porque impactará, entre otras cosas, en lo que la empresa deberá hacer si aspira a eximirse de responsabilidad y/o a reducirla. En el último año, se sancionaron tres leyes que incluyen la responsabilidad de la persona jurídica para delitos más “trascendentes”: la ley de lavado de dinero 26.683, la de delitos bursátiles 26.733 y la ley 26.735 que reforma la legislación penal tributaria. [13] Cf. 26), entre otros. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. %%EOF Me quiero detener en estos últimos beneficios: ayuda a prevenir, a tener roles claros y a tomar mejores decisiones. 0000002567 00000 n ¿Y qué podría ello significar? Instituir. [19] Queda aun pendiente la definición de los criterios que se utilizarán para determinar qué debe entenderse como beneficio y cómo se calculará. Las sanciones a las personas jurídicas serán las siguientes: a) Multa. 22/11/2018 por Alan Aldana & Abogados. Lo importante ahora es que, las distintas empresas deben ser más cuidadosas al momento de reclutar personal, así como ser más estrictas en los distintos procedimientos de su actividad laboral por las consecuencias penales que conlleva un acto que puede ser calificado como delito. Esto es especialmente evidente en los delitos de omisión y/o delitos no dolosos, donde los comportamientos empresariales delictivos vienen dados, en muchas ocasiones, por simples inercias internas, sin un protagonista claro. %PDF-1.5 %���� 77 0 obj <>stream

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